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0.Objetivo
La
Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos tutela garantías y derechos específicos
que se refieren a la igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres, y al establecimiento de condiciones para el desarrollo
y desenvolvimiento de los individuos, las familias, las
comunidades y los pueblos indígenas.
De este contexto, se establece el derecho a la protección a la
salud y la plena igualdad
jurídica de los hombres y las mujeres, con lo que se protege la organización
e integración de las familias. No obstante, subsisten aún profundas inequidades
entre ellos, que propician situaciones de maltrato y violencia hacia
los miembros más débiles (en función del sexo, la edad o la condición
física), que
se manifiestan cotidianamente. Ello ocurre tanto en el medio familiar,
como en el ámbito público. Esta inequidad facilita el abuso de poder,
exponiendo a situaciones de violencia a los grupos que socialmente son
más vulnerables: las
niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o personas en situaciones
especialmente difíciles; adultos mayores; hombres y mujeres con enfermedad
física o mental discapacitante, o en desventaja física económica o cultural.
Las
diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas entre hombres
y mujeres determinan la pertenencia de cada individuo a uno u
otro sexo. El género se refiere a las diferencias que cada sociedad
establece como lo que “naturalmente” corresponde a hombres y a
mujeres. Por ejemplo, las conductas, valores y actividades que
culturalmente diferencian a “lo femenino” de “lo masculino”.
Las diversas sociedades en México atribuyen mayor valía a los
hombres. Por este motivo, a pesar de que la ley establece igualdad
de derechos entre ambos sexos, culturalmente son los hombres a
quienes les son conferidos: mayor poder social, más oportunidades
de desarrollo y mayor acceso a los beneficios económicos y sociales.
La violencia siempre surge en un contexto de abuso de poder. Debido
a esta inequidad de poder entre los géneros, las mujeres, embarazadas
o no, conforman uno de los grupos más vulnerables a la violencia
familiar.
Independiente de su estructura, la función
básica de los arreglos familiares o domésticos deben en la formación
de personas contribuir a establecer con los demás, relaciones
respetuosas y equitativas, lo que seguramente incide positivamente
en el control de formas de relaciones sociales violentas.
La
violencia familiar incluye actos de agresión contra una persona,
ejercidos por un miembro de la familia con mayor poder social,
físico, económico o psicológico. El vínculo entre la persona agresora
y la agredida puede ser sentimental o afectivo, de parentesco
consanguíneo y/o legal, independientemente de su lugar actual
de residencia.
Aun cuando en nuestro país no se conoce
de modo preciso y directo la magnitud y repercusiones de este
problema de salud pública, la violencia familiar -también identificada
como violencia doméstica por caracterizar formas de relación en
las unidades domésticas- no debe minimizarse. El espectro de daños
a la salud se da tanto en lo biológico -desde retraso en el crecimiento
de origen no orgánico, lesiones que causan discapacidad parcial
o total, pérdida de años de vida saludable, hasta la muerte-,
como en lo psicológico y en lo social, pues existe un alto riesgo
de perpetuación de conductas lesivas, desintegración familiar,
violencia social e improductividad. El embarazo no libra a las
mujeres de violencia familiar.
Investigaciones
realizadas en varios estados de la República Mexicana, indican
que la incidencia de la violencia familiar, particularmente la
ejercida contra las mujeres por su pareja, es entre el 30% y el
70% entre las mujeres mayores a 15 años que están o alguna vez
han estado unidas a una pareja, incidencia que coincide con estudios
en otros países.
La violencia familiar ocupa el tercer lugar entre las causas de
pérdida de años de vida saludable en mujeres de la ciudad de México
(1)
El embarazo no libera a las mujeres de la violencia; en algunos
casos exacerba la agresión.
(1) Rafael Lozano, “Efectos de la violencia doméstica en la salud:
ciudad de México”, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington,
1999.
El reto es coadyuvar
a la prevención
y disminución de la violencia familiar y promover estilos
de vida saludables, por la frecuencia en que, según estimaciones
sucede, y las consecuencias que genera, afectando la vida,
la salud, la integridad
y el desarrollo de las personas, las familias y las comunidades.
La
incidencia de la violencia familiar es similar entre grupos
de diferente
edad y niveles socioeconómicos.
Por su alta incidencia y efectos nocivos, e incluso fatales,
la violencia familiar es un problema de salud pública.
El sector salud no tiene facultad para juzgar ni
castigar. La labor de los y las prestadoras de servicios
de salud
consiste en atender
los daños físicos y psicológicos de las personas en situación
de violencia familiar, para ello, deben aprender a escuchar y orientar
a las personas agredidas sobre posibles acciones en otras instancias.
Los responsables de los establecimentos en los que se proporcionan
servicios de atención médica deben informar al Ministerio Público,
los casos de personas con lesiones u otros signos que presumiblemente
se encuentren vinculados con violencia familiar. Para combatir la violencia
familiar y promover la convivencia pacífica, es necesario fomentar
la equidad entre los géneros y entre todas las personas, y construir
espacios donde el rescate de la tolerancia, el respeto a la dignidad
y a las diferencias entre congéneres, sean las bases
de las relaciones interpersonales y sociales.
Todo
el personal de salud que tiene contacto con personas en riesgo
o en situación de violencia familiar, debe contar con la sensibilización
y capacitación indispensables para prevenir, detectar y atender
este fenómeno en el marco de la equidad de género.
Asimismo, se requiere realizar nuevas investigaciones
en el tema, que permitirán conocer la magnitud y algunas características
del problema, para estar en condiciones de afrontarlo mejor, de
diseñar o reforzar políticas públicas y tomar decisiones para
su prevención y la atención integral de los involucrados y lograr
su paulatino abatimiento.
La
mayoría de las mujeres en situación de violencia familiar
o en riesgo de sufrirla, acude al menos una vez al sector
salud para recibir atención médica a las lesiones producto
de la violencia o por otros motivos de salud, hecho que incrementa
la
necesidad de participación del
sector para la prevención, detección y atención de casos de violencia
familiar.
Es de fundamental importancia que los y las profesionales de
la salud puedan identificar los casos actuales o potenciales
de violencia
familiar
y lleven
a cabo el registro correspondiente, el cual forma parte de esta
NOM y se encuentra al final de la presente publicación
Éste, es el instrumento que permitirá conocer con precisión la magnitud,
características específicas y el impacto de la violencia familiar
en México. (pag. 26)
Con la elaboración de esta Norma
Oficial Mexicana, el Gobierno de México da cumplimiento
a los compromisos adquiridos en los foros internacionales en materia
de la eliminación de todas las formas de violencia, especialmente
la que ocurre en el seno de la familia y contra la
mujer, que se encuentran plasmados en la Convención
para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
Contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979),
Convención sobre los Derechos del Niño (Asamblea General
de las Naciones
Unidas, 1989), Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena,
1993); Declaración sobre la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (Asamblea General de las Naciones Unidas,
1993); Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer "Convención de Belem do Pará" (OEA,
1994); Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (El
Cairo, 1994); Cumbre Mundial Sobre Desarrollo Social (Copenhague,
1995) y la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer (Beijing,
1995).
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