Las
mil caras de la violencia El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres durante la celebración del primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe, celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1991. Las mujeres ahí reunidas -militantes feministas e investigadoras sobre el tema de la violencia- dieron un gran paso en la historia mundial, al lograr que la mayoría de los países adoptaran un día del año para poner énfasis en las alarmantes cifras de violencia registradas en el mundo. Se dice fácil, pero no lo es. Imagínense ustedes llamar la atención de los gobiernos del mundo tan ocupados "en sus grandes temas", y forzarlos a, por lo menos, repudiar declarativamente la violencia contra todo ser del sexo femenino. Se eligió el 25 de noviembre como una forma de no olvidar que en un día idéntico pero de 1960, la policía secreta del dictador dominicano Rafael Trujillo asesinó a tres activistas políticas de excepción. Reconocidas por sus acciones a favor de la verdad, las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron encontradas muertas en el fondo de un precipicio, en una época en que la traición, la mentira y la cobardía se entronizaron en el poder político de su país. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana, estas mujeres han simbolizado la lucha permanente a favor de la justicia. Sorprendentemente fue hasta 1999 cuando la ONU dio carácter oficial a la fecha. Desde entonces apoya a las mujeres de organizaciones civiles en su denuncia de la violencia sufrida por el género femenino en todo el mundo. Algunas iniciativas se han traducido en la elaboración de Convenciones y Tratados internacionales. Éstos son compendios de leyes que pretenden regular, llamar la atención y definir conceptos jurídicos, sociales y políticos en relación con las mujeres. Tales documentos, conocidos por una mínima cantidad de mujeres y de servidores públicos y abogados, pretenden brindar protección a una mujer en cuyo lugar de residencia no exista una ley específica que la apoye. Destaca entre ellos la llamada Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como “Convención de Belém Do Pará”. Dicho documento define la violencia contra las mujeres como “cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público, como en el privado. Así como aquella que sea perpetrada o tolerada por el Estado a sus agentes dondequiera que ocurra.” Uno de los logros más significativos de todas las iniciativas por llamar la atención sobre el fenómeno de la violencia, lo constituye sin duda haber llevado a la legislación el tema de la violencia intrafamiliar, a través del reconocimiento de que lo que sucede en el ámbito de lo privado (el hogar) atañe a la sociedad en su conjunto. La violencia familiar se define como el conjunto de actos u omisiones que atentan contra la integridad física, psicológica, sexual y moral de cualquiera de los integrantes de una familia. En México, según la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres, levantada entre noviembre del 2002 y marzo del 2003, una de cada cinco mujeres es maltratada por su cónyuge ya sea mediante gritos, empujones, golpes y hasta heridas que pueden dejar daños severos en la salud o provocar la muerte. Las acciones no sólo son aquellas “visibles o evidentes” y que dejan huella corporal; también se incluyen los actos que lesionan la integridad psicoemocional. Así, en la definición caben la negligencia o las omisiones que repercuten negativamente en los ámbitos físico y emocional de las personas y que se reflejan en el estado de salud de quien las vive, o bien en casos extremos de abandono. La Organización Mundial de la Salud en su reciente declaración de Bogotá, reconoce: Que la violencia es entendida como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones y atenta contra el derecho a la salud y la vida de la población. Que las diversas formas de violencia interpersonal, colectiva y autoinflingida y que se expresan no solo en el escenario del conflicto armado sino también en nuestras propias comunidades, en nuestras calles, en nuestros trabajos y en nuestros hogares, son de gran magnitud y tienen un impacto elevado sobre la salud física y mental de todas las personas que las padecen, causando daños psicológicos y físicos y deteriorando su calidad de vida. Que la violencia tiene múltiples causas y es evitable. Que por lo tanto la violencia debe ser encarada en forma integral y con acción multisectorial que compromete tanto a las instituciones gubernamentales como a la sociedad civil. Sin lugar a dudas, con el
tema flotando en el aire, con las cifras que no decrecen, y
con el riesgo de que los espacios sigan siendo insuficientes
ante la demanda. Los retos nacionales no pueden circunscribirse
sólo a los cambios punitivos, sino al impulso de una
cultura que promueva el respeto a las mujeres y menores; especialmente
la atención y la participación de las víctimas
en el proceso. |
• En
el camino andamos... |
